La Ley Ómnibus impulsada
por el presidente Javier Milei ha generado una fuerte polémica en el ámbito
político, social y económico dando origen a interrogantes sobre el futuro del
país. Según el gobierno la norma busca reducir el gasto público, eliminar
impuestos y flexibilizar el mercado laboral ¿ Pero esto es así? Lo que sí es cierto es que tiene un impacto significativo tanto en la sociedad como
en la soberanía nacional.
Uno de los aspectos más controvertidos de la
Ley Ómnibus es la derogación de la Ley 26.737, también conocida como Ley de
Tierras. Esta normativa limitaba la posibilidad de vender a extranjeros tierras
que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de
fronteras. Con la derogación de esta ley, ya no habría límite y las
negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores
logrando que cualquier persona o empresa extranjera pueda adquirir tierras sin
límite alguno, ni necesidad de autorización previa o de informar al Estado.
Parece ser que, al presidente,
quien afirmó que “Margaret Thatcher fue
una de las grandes líderes de la humanidad” y es su modelo a seguir, no le
importa la posibilidad de que la venta irrestricta de tierras a extranjeros
pueda poner en riesgo la soberanía nacional. A pesar de las críticas y
preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad, Javier Milei
parece estar decidido a seguir adelante con su agenda de “liberalización
económica”, incluso si eso significa desmantelar las protecciones existentes
sobre la propiedad de la tierra. Esta postura, aunque coherente con su
admiración por Thatcher y su modelo de libre mercado, plantea serias preguntas
sobre el futuro territorial de Argentina y el bienestar de sus ciudadanos.
La falta de transparencia, la posibilidad de
influencias externas y la falta de participación ciudadana son aspectos que
deben abordarse cuidadosamente para evitar comprometer el principio fundamental
de autonomía que sustenta la identidad nacional. ¿Soberanía Nacional? AFUERA,
parece ser el grito de alerta que resuena ante la incertidumbre que este
proyecto legislativo introduce en el futuro de Argentina. Claro
está, la intención de entregar el patrimonio nacional a intereses foráneos, que
pondría en riesgo la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la identidad
cultural del país.
La propuesta, que prometía una serie de reformas
económicas y fiscales, ha sido recibida con fuertes críticas y controversia. A
pesar de ello, el presidente ha convocado a una sesión
extraordinaria del Congreso para conseguir su aprobación, que ya cuenta con
media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo no tiene
mayoría en el Senado y se prevé una dura batalla legislativa.
Esta iniciativa ha
generado también una fuerte movilización social, con protestas y marchas en
distintas ciudades del país. Organizaciones campesinas, indígenas,
ambientalistas y sindicales han expresado su repudio a la norma y han exigido
su rechazo. Asimismo, han denunciado que esta ley viola la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Este proyecto es, sin
duda, uno de los temas más polémicos y controvertidos de la agenda política
actual. Su aprobación o rechazo tendrá consecuencias significativas para el
futuro del país, tanto en el plano económico como en el social y ambiental. Por
ello, es necesario un debate amplio y participativo, que tenga en cuenta los intereses
y las necesidades de todos los sectores de la sociedad.
Lorenzo Hernandez.
