Lejos de ser acciones espontáneas, la toma de tierras aflora sistemáticamente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Son actos organizados de saboteadores profesionales del orden democrático que, aprovechando la indudable necesidad que padecen personas humildes, instrumentan la usurpación de inmuebles para lucrar y dañar el orden social.
Los derechos personales como grupales encuentran un rotundo límite ante el derecho de nuestros semejantes. La propiedad privada como el derecho de expresión son los dos grandes pilares des orden democrático que todos debemos honrar.
Hoy vemos que desde Villa Mascardi, El Bolsón, en el sur de la Nación, como en los municipios bonaerenses de Quilmes, la Matanza, Vicente López, Escobar, Pilar, San Martín entre otras localidades, son escenarios de esta delictiva modalidad.
Recordemos la célebre sentencia esbozada por el tres veces presidente de la república y padre del Justicialismo: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”
"El Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar"- expresó Sergio Massa.
Sergio Berni manifestó: “El que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso, Es un delito que está organizado detrás de la necesidad habitacional”
La toma de tierras jamás fue una modalidad peronista. Juan Perón fue un gran transformador social. De la mano del orden organizó el progreso del proletariado y de los humildes. El general, alimentó la escalada social ascendente, incentivando la formación de la poderosa clase media nacional. El voto femenino no se conquistó a empujones ni a los tiros, se galvanizó este derecho inalienable para las mujeres desde la ley.
El peronismo se erigió entonces como un temprano movimiento “feminista” en la más alta calificación del término, de la mano de Eva Perón.
El Estado Argentino como tal debe responder con claridad y energía ante este fenómeno que atenta contra el orden establecido. Claro que hay indudables necesidades habitacionales, pero no es la solución la “filosofía” de los usurpadores.
Las necesidades de nuestros semejantes no habilitan a que estos se tornen delincuentes y que sean funcionales a los “sin escrúpulos” que establecen negocios espurios con el padecimiento de los más vulnerables.
El gobierno de Alberto Fernández muestra constante sensibilidad social para con los más postergados de la patria, pero de manera alguna avala la ocupación compulsiva de inmuebles.
La cruel pandemia postergó los planes de viviendas que ya se deberían estar construyendo. En estos días se efectivizará el comienzo efectivo de estas casas que brindarán soluciones a familias de trabajadores, además de ser un elemento formidable de la tan anhelada reactivación económica.
Con ley y orden seremos una Nación prospera. Sin ley pareceremos una tribu primitiva que ostenta la fuerza bruta como argumento de acción. “El cumplimiento de la ley nos hace libres”…
Sabemos que una vez más aparece la “Biblia junto al calefón”. Sepamos discriminar entre los necesitados a quienes debemos ayudar y los criminales disfrazados de “pueblos originarios” o de carenciados, que en verdad parecerían ser socios de agencias inmobiliarias.
El título de propiedad de terrenos y casas es una expresión del laborioso progreso de una loable Clase Media que el peronismo supo crear. Volvamos con fuerza a nuestras raíces de pueblo trabajador, de hombres y mujeres de conducta recta, respetuosos de los bienes ajenos. Respetando las propiedades ajenas es como educamos a las futuras generaciones en el bien privado y en el bien comunal.
El gobierno nacional debe pisar el acelerador a fondo en la construcción de viviendas. Mientras, no debe permitir las delictivas actividades de los usurpadores. Estos son delincuentes.
La patria se eleva sobre el sudor de los trabajadores, de los hombres y mujeres de bien.
El peronismo sólo reconoce una clase de personas, las que trabajan.
Máximo Luppino
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